En un nuevo capítulo de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo, el Gobierno de Venezuela presentó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un escrito con “pruebas adicionales” sobre su reclamo de soberanía sobre la región, una zona rica en petróleo y recursos naturales. Sin embargo, el Ejecutivo venezolano ha reiterado que no reconoce la jurisdicción de la CIJ y que no acatará ninguna sentencia que emita el tribunal internacional sobre este asunto.
En su comunicado oficial, el Gobierno venezolano reafirmó su postura de que el Acuerdo de Ginebra de 1966 resolvió definitivamente la controversia sobre el laudo arbitral de 1899, que había establecido límites territoriales entre Venezuela y la antigua Guayana Británica, hoy Guyana. Según Caracas, este acuerdo es el único marco legal que obliga a ambas naciones a buscar una solución a la disputa, que debe ser alcanzada mediante un arreglo satisfactorio para ambas partes, fuera del ámbito de la corte internacional.
La posición de Venezuela sobre la CIJ
Venezuela, que ha sostenido su reclamación sobre el Esequibo durante décadas, cuestionó la legitimidad de la demanda de Guyana ante la CIJ, al considerar que el proceso iniciado en 2018 por la nación vecina es un «proceso judicial fraudulento». Guyana, por su parte, acudió a la Corte Internacional para que se pronuncie sobre los límites territoriales y reconozca el laudo arbitral, argumentando que dicha decisión debería ser vinculante para ambos países, de acuerdo con la normativa internacional.
El Gobierno de Venezuela, por otro lado, explicó que la entrega de documentación adicional a la CIJ no supone un reconocimiento de la autoridad de la Corte ni la aceptación de cualquier fallo que pueda dictar. El caso está aún en proceso, y las tensiones entre las dos naciones siguen creciendo, especialmente considerando que la disputa territorial sigue siendo un asunto complicado dentro de la diplomacia latinoamericana.
El referéndum y la creación del Estado de Guayana Esequiba
A finales de 2023, el Gobierno venezolano realizó un referéndum como expresión de su posición sobre la región del Esequibo. En esta consulta, se preguntó a la ciudadanía si respaldaban la formación de un nuevo estado venezolano en dicha área. El referéndum consideraba la opción de conceder la nacionalidad venezolana a los residentes del Esequibo y, además, “añadir ese estado al mapa territorial de Venezuela”. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, los resultados reflejaron un fuerte respaldo del pueblo a la propuesta.
Este referéndum ha sido calificado por Guyana como una «amenaza existencial» y un paso hacia la anexión de la región. Las autoridades de Georgetown han expresado su firme rechazo a este tipo de movimientos, considerándolos una violación de la soberanía de Guyana. Para Guyana, la disputa sobre el Esequibo fue resuelta en el marco del Acuerdo de Ginebra, y las acciones de Venezuela son vistas como una interpretación errónea de dicho acuerdo.
La respuesta de Guyana y la postura de la CIJ
Guyana, que administra el territorio en disputa, ha reiterado que el Acuerdo de Ginebra de 1966 no invalida la jurisdicción de la CIJ sobre el caso, y que la Corte tiene la autoridad para resolver la disputa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana destacó que la presentación de Venezuela ante la CIJ permitirá a la Corte contar con todos los argumentos, tanto factuales como legales, de las partes involucradas para tomar una decisión final. El gobierno de Guyana ha insistido en que cualquier fallo de la CIJ será vinculante e incontestable, reafirmando su postura de que el tribunal internacional tiene la última palabra en este tipo de disputas territoriales.
El juicio permanece sin resolución en la Corte Internacional de Justicia, donde se anticipa que se dictará una sentencia sobre el conflicto próximamente. Sin embargo, las tensiones políticas entre Venezuela y Guyana parecen seguir aumentando, ya que ambas naciones aseguran tener justificación en su demanda sobre la región.
La formación del Estado de Guayana Esequiba y sus consecuencias políticas
En 2024, el Parlamento Nacional de Venezuela ratificó una legislación para establecer el Estado de Guayana Esequiba, lo cual significó un avance en la táctica de Venezuela para reforzar su reclamo sobre esta área. Dentro de esta estrategia, durante las elecciones de 2025, se seleccionó por primera vez un gobernador y representantes para este estado. Esta medida, junto con la reciente encuesta popular, demuestra el decidido compromiso del Ejecutivo venezolano con la integración del Esequibo a su país.
Por otro lado, la situación ha generado creciente preocupación en Guyana y en la comunidad internacional, ya que las acciones de Venezuela podrían escalar la tensión en la región. En este contexto, la postura del gobierno de Trump en Estados Unidos podría influir en el desarrollo de la situación, dado su interés en la estabilidad política y económica de América Latina.
El porvenir del conflicto sobre territorio
El desacuerdo sobre el Esequibo sigue siendo un asunto clave en las relaciones entre Venezuela y Guyana, y su solución aún parece lejana. Mientras el caso avanza en la Corte Internacional de Justicia, las autoridades de ambos países se alistan para lo que podría convertirse en un enfrentamiento diplomático extendido.
La disputa no solo afecta a las dos naciones involucradas, sino que también tiene implicaciones regionales, especialmente en cuanto a la explotación de recursos naturales en el Esequibo, que es una zona rica en petróleo y minerales. La situación también ha resaltado la importancia de los mecanismos de resolución de conflictos internacionales y la necesidad de un enfoque diplomático y legal para resolver disputas territoriales en un contexto global cada vez más interconectado.
Durante este tiempo, tanto Venezuela como Guyana permanecen firmes en sus respectivos puntos de vista, y el futuro del Esequibo sigue siendo un tema de gran importancia en la política de América Latina.