Durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, entre 1995 y 2000, más de 272.000 mujeres fueron esterilizadas sin consentimiento o bajo coacción. El personal de salud las amenazaba con quitarles la ayuda alimentaria u otras ayudas estatales si no accedían a ligarse las trompas. La Fiscalía ha presentado ahora, 20 años después, una denuncia penal contra el expresidente y tres de sus ministros de Salud. Los acusa de lesiones seguidas de muerte en cinco casos y lesiones graves en otras 1.307 mujeres, la mayoría campesinas quechua-hablantes o residentes en localidades urbanas pobres.
El fiscal Pablo Espinoza presentó los cargos este lunes, en una audiencia en línea que duró cinco horas, con interpretación en quechua para algunas de las víctimas que asisten desde Cusco en forma virtual. Esta es la fase final de una investigación que duró más de 15 años y que enfrentó múltiples obstáculos. En 2014, el fiscal Marco Guzmán exculpó a Fujimori y los ex ministros de Salud con el argumento de que “no hubo una política de esterilizaciones forzadas y por tanto, tampoco un crimen de lesa humanidad”, recuerda la abogada María Isabel Cedano, de la ONG Demus. En aquel año, Guzmán solo presentó cargos contra personal sanitario de menor jerarquía en el caso de Mamérita Mestanza, una de las víctimas de la esterilización que falleció como consecuencia de la ligadura de trompas. Recientemente, uno de los ministros de Salud de entonces, Marino Costa Bauer, acudió al Tribunal Constitucional para evitar que el Ministerio Público continuara investigándolo, pero los magistrados no le dieron la razón.
El fiscal Espinoza denunció ahora a Fujimori y a los ex ministros Eduardo Yong, Costa, y Antonio Aguinaga como autores mediatos de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte en cinco casos, producto de la anticoncepción quirúrgica. Sumó además, lesiones graves causadas a 1.307 mujeres que también sufrieron la esterilización sin consentimiento. El exministro Aguinaga es candidato al Congreso por el partido fujimorista Fuerza Popular y hace casi dos décadas es el médico de cabecera del expresidente, quien cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, robo y corrupción.
La acusación actual se basa en un cambio de legislación realizado en 1996, durante el segundo gobierno de Fujimori, que trasladó la responsabilidad de las esterilizaciones a los mandos medios y el personal que las realizaba, y exculpó a los altos cargos. Destaca además que la mayoría de las víctimas de las esterilizaciones eran mujeres que no tenían el español como lengua materna y por tanto no recibían información legítima del procedimiento. El fiscal Espinosa dijo que el ‘Programa de salud reproductiva y de planificación familiar’, el paraguas bajo el cual se realizaron las esterilizaciones, tenía previsto como parte del “consentimiento informado” una consejería y un período de reflexión de 72 horas para que las personas decidieran si aceptaban ligarse las trompas o hacerse la vasectomía. Pero, dijo, también incluyo una declaración de renuncia al período de reflexión para acelerar el procedimiento.
Según un informe de 1999 de la Defensoría del Pueblo, el 22% de las mujeres peruanas esterilizadas era analfabeta. La entidad recibió la primera denuncia de ligaduras de trompas realizadas contra la voluntad de las personas en 1997. En 2015, el Ministerio de Justicia abrió un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, con el fin de facilitarles orientación legal, y hasta el año pasado unas 8.000 estaban empadronadas. En febrero, el Gobierno aprobó una modificación a la ley del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000), e incluyó a quienes sufrieron “cualquier tipo de violencia sexual”, lo cual abarca a las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Tendrán derecho a una indemnización.