Telefnica presenta una demanda de arbitraje contra Per por el pago de impuestos de hace 20 aos

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Telefnica ha presentado una demanda de arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversin (CIADI) por una controversia en el pago de impuestos originada hace ms de 20 aos.

La solicitud de arbitraje se basa en el Acuerdo para la Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones entre Espaa y Per firmado en 1994, cuando Telefnica ingres en el mercado peruano de las telecomunicaciones, segn inform la empresa.

La reclamacin de Telefnica alega que la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) y otros organismos estatales peruanos incumplen las obligaciones establecidas en el acuerdo, incluyendo actuaciones arbitrarias y discriminatorias.

El importe de la disputa corresponde a los aos 1998, 2000 y 2001 y actualmente ms del 90 % son moras e intereses.

Telefnica de Per sostiene que en esos aos cumpli con pagar el Impuesto a la Renta, que equivale al 30 % de las ganancias.

Sin embargo, la SUNAT present cinco observaciones, que derivaron en el Tribunal Fiscal y luego en el Poder Judicial.

Desde que la compaa ingres al mercado peruano en 1994, ha invertido 30.000 millones de soles (unos 6.880 millones de euros al cambio actual) en infraestructura y ha pagado 10.000 millones de soles (cerca de 2.300 millones de euros) en impuestos a la renta.

El pasado mes de febrero, el Tribunal Constitucional (TC) declar procedente un recurso presentado por Telefnica para dejar sin efecto el cobro de la SUNAT de 729 millones de soles (167 millones de euros), que corresponden a los intereses acumulados por la deuda objeto de disputa.

El TC le dio la razn a la empresa en el sentido de que no poda verse afectada por el cobro de la deuda fuera del plazo de ley, que son cinco aos.

No obstante, el abogado de la Procuradura de la SUNAT, Reynaldo Bustamante, declar a un medio de comunicacin que le pareca «inslito» que «alguien discuta una deuda en el Poder Judicial y los intereses en el Tribunal Constitucional».

En tal sentido, agreg que se trata de una maniobra que utilizan las grandes empresas para dilatar los procesos de cobro y beneficiarse del dinero de impuestos que dejan de pagar para capitalizarlos