El desbalance fiscal empeoró nuevamente durante mayo, llegando al 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el balance del Gobierno Central y el Banco de Previsión Social (GC-BPS) en el último año concluido. Este número indica un empeoramiento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el lapso móvil previo, lo que vuelve a alertar a las autoridades económicas en un momento crucial para la planificación del presupuesto del próximo mandato gubernamental.
El reciente dato se alinea con una tendencia que preocupa a la gestión económica, debido a que restringe el margen para elaborar el siguiente Presupuesto Nacional. Con una economía que comienza a mostrar indicios de estancamiento en ciertas áreas y una presión creciente de grupos sociales y políticos que exigen más recursos, el incremento del déficit fiscal destaca las complicaciones para lograr un equilibrio entre la disciplina fiscal y las demandas sociales.
De acuerdo al informe oficial, la caída del resultado fiscal se debe, principalmente, a una reducción de los ingresos corrientes tanto del Gobierno Central como del Banco de Previsión Social. En conjunto, los ingresos se situaron en el 27,1% del PBI, un retroceso de 0,2 puntos porcentuales respecto del período anterior. Esta baja se explica por un descenso del 0,1% del PBI en la recaudación del Gobierno Central y una disminución de igual magnitud en los ingresos del sistema previsional.
Si bien la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) registró una leve mejora del 0,1% del PBI, este incremento no logró compensar la caída global. La estructura de ingresos sigue mostrando fragilidades, sobre todo ante la falta de dinamismo en ciertos sectores de la economía que impactan directamente en la recaudación tributaria.
Simultáneamente, los gastos básicos del Gobierno Central y del Banco de Previsión Social subieron, alcanzando el 28,2% del PBI, lo cual supone una subida de 0,2 puntos porcentuales. Este incremento se debe a un aumento en las transferencias desde tanto el Banco de Previsión Social como el Gobierno Central, además de un crecimiento en el gasto de inversiones de este último. Aunque estos desembolsos están alineados con políticas públicas y compromisos sociales, aumentan el déficit fiscal.
Con respecto al abono de intereses de la deuda, estos permanecieron constantes en 2,5% del PBI, sin cambios en comparación con el mes precedente. Este elemento no tuvo un impacto en el empeoramiento del resultado fiscal, aunque sigue siendo una carga importante para las finanzas públicas.
Por otro lado, el resultado del Banco Central del Uruguay (BCU) mostró una leve mejora, pasando a -0,9% del PBI, gracias a una reducción en el pago de intereses. Sin embargo, el resultado global del Sector Público consolidado (que incluye todos los organismos del Estado) se ubicó en -3,8% del PBI, marcando un deterioro de 0,1 puntos porcentuales en comparación con el dato de abril.
El escenario fiscal desafía directamente los objetivos del gobierno, que había manifestado su intención de mantener el control del déficit como parte de una estrategia de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, las restricciones presupuestarias, sumadas a las urgencias sociales y a las expectativas depositadas en el nuevo ciclo de gestión, dificultan el cumplimiento de esta meta sin recurrir a ajustes o reformas estructurales.
Esta situación reactiva las preocupaciones sobre la viabilidad de las finanzas públicas. El retraso en tomar decisiones cruciales, como la modificación de ciertas cajas de pensiones —incluyendo la de los profesionales— podría igualmente ejercer un efecto adverso en meses futuros, incrementando las presiones fiscales.
La circunstancia fuerza al equipo económico a reevaluar las previsiones y considerar ajustes en la planificación financiera. Con la Rendición de Cuentas acercándose y un contexto regional complicado, los números de mayo representan un cambio crucial en la estrategia fiscal del gobierno, el cual tendrá que optar por seguir la misma dirección o modificar el curso.