Publicado por La madrugada del 2 de marzo fue la peor a la que se tuvo que enfrentar Paola Falcetta. Fue ella quien se percató de que la respiración de su madre se desvanecía completamente a causa de la covid-19 en un hospital de Porto Alegre. A Italira Falcetta da Silva, de 81 años, la habían ingresado para una una cirugía cardiovascular a finales de enero, pero contrajo el coronavirus. Tras semanas en el área de aislamiento ―y ya sin el virus―, la trasladaron a planta, desahuciada. El equipo médico creía que las posibilidades de recuperación eran mínimas. “Ya no era candidata a intubación. Era mayor y no había camas en la UCI. Me dijeron: ‘No hay ningún equipo que podamos usar para tu madre”, cuenta Falcetta, trabajadora social. Italira es una de las más de 400.000 víctimas de la pandemia en Brasil. Ahora, su hija se une a las decenas de familiares que han perdido parientes a causa de la enfermedad que van a intentar responsabilizar al poder público. Organizados bajo una asociación, exigen políticas públicas y señalan la negligencia del Gobierno en la tragedia brasileña. “He transformado mi luto en fuerza para impedir que otras personas pasen por lo mismo. Es una injusticia tremenda. Brasil ya ha vivido muchas, pero esta está violando derechos de todos los grupos de edad y clases sociales. Alguien tiene que pagar por ello”, dice.
La Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas de la covid-19 (Avico) se creó para ofrecer un apoyo colectivo en medio del luto, pero se organiza también como un movimiento de denuncia contra la omisión de las autoridades ante la mayor crisis sanitaria de esta generación. El país se ha estancado con respecto a la crisis: con más de 2.000 muertes por día y ya supera a Estados Unidos en muertes por millón de habitantes. Mientras crece la preocupación mundial por el descontrol en India, en Brasil la tasa media diaria de muerte es seis veces mayor en proporción a su población. La tasa brasileña es de 11,44 y la india es de 1,93, de acuerdo con Our World In Data de la Universidad de Oxford.
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En un grupo de WhatsApp, cerca de 100 miembros comparten el dolor de las pérdidas, se apoyan y discuten estrategias para llevar a la Justicia posibles fallos de los Gobiernos federal y locales en la mitigación de la crisis. Preparan pruebas para cuestionar desde la distribución del llamado kit covid ―un cóctel de medicamentos sin eficacia ― a la ausencia de acciones efectivas para los supervivientes que sufren las secuelas del coronavirus. “Alguien tiene que oírnos. Es imposible que la pandemia se resuelva solo con las autoridades políticas. Nosotros, las víctimas, somos invisibilizadas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué nos estamos manteniendo?”, se pregunta Paola Falcetta. “Si nadie ve lo que estamos pasando, no tendremos otra forma de frenar todas esas muertes, que son responsabilidad pública. Brasil es reconocido por sus vacunaciones, tiene un sistema público de salud consolidado. Y no hemos hecho nada para frenarlo en más de un año”, critica.
El primer intento de responsabilización institucional en el país se puso en marcha recientemente. Los senadores constituyeron una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para verificar si hubo omisión por parte del Gobierno en la lucha contra la pandemia. El presidente Jair Bolsonaro ha seguido una política errática durante toda la crisis. Negó la gravedad del virus, planteó una dicotomía entre el cuidado de la salud y la preservación de la economía, saboteó medidas de aislamiento social, hizo propaganda de medicamentos sin eficacia y puso en cuestión la seguridad de las vacunas durante meses. Su Gobierno tardó en negociar las dosis, y el ritmo de la campaña de inmunización en el gigante sudamericano sigue lento debido a su escasez. Los próximos días, las cuatro personas que ocuparon el cargo de ministro de Sanidad durante la crisis sanitaria ―Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello y Marcelo Queiroga― declararán ante los senadores. El Senado también investigará la recomendación del uso del kit covid para la enfermedad en las comunidades indígenas. Los familiares de las víctimas de la pandemia defienden que el momento para la CPI es ahora y demandan respuestas. Quieren que las autoridades rindan cuentas de la tragedia brasileña.
“Perdí a mi padre y a mi madre el mismo día por falta de oxígeno”
Uno de los símbolos más dramáticos de la pandemia en Brasil, la falta de oxígeno en los hospitales que se llevó varias vidas en Manaos, también está en el punto de mira de la investigación parlamentaria, que tratará de responder si los gobiernos en las varias esferas dejaron de actuar y si tenían conocimiento del grave colapso del sistema de salud que se avecinaba en el Estado de Amazonas. “Perdí a mi padre y a mi madre el mismo día por falta de oxígeno en el hospital. Los dos fallecieron en un intervalo de media hora. No aguantamos más tanta falta de responsabilidad con la vida humana de quienes podrían haber evitado una tragedia”, dice el administrador de empresas Iyad Amado, de 39 años. Su padre, Amado Ali Hajoj, de 74 años se contagió en diciembre. Los médicos le recetaron medicamentos como la ivermectina y la azitromicina, empezó a recibir oxígeno en casa, pero a principios de enero tuvo que ser ingresado en el Hospital Getúlio Vargas. Al cabo de unos días, su madre, Zahieh Hajoj, de 65 años, también fue hospitalizada con la misma enfermedad, en el mismo centro. La pareja, descendiente de palestinos, construyó su vida a lo largo de 40 años de matrimonio en Manaos. El 14 de enero, cuando el caos estalló en los hospitales de la ciudad por la falta del insumo básico, Iyad recibió una llamada para que llevara una botella de oxígeno al centro de salud. Cuando estaba de camino, el hospital le avisó de que ya no hacía falta.
No supo que ambos habían fallecido hasta que llegó. Una enfermera y un médico le dijeron que intentaron ventilar a Zahieh con un resucitador manual para ayudarle a respirar. Iyad cuenta que los sanitarios también estaban muy afectados mientras le explicaban que habían hecho todo lo posible. “La causa de sus muertes fue la falta de oxígeno, la irresponsabilidad de las autoridades con la vida de las personas durante la pandemia, el negacionismo”, argumenta. “Tuve que reconocer los cuerpos de mis padres a la vez. Se los llevaron y los enterraron juntos. He perdido a las personas más importantes de mi vida, a mis pilares, a quienes tenía como espejo. Es un dolor indescriptible, no se puede explicar lo que una pérdida de esas.” Para él, la muerte de sus padres es fruto de la omisión de varias esferas gubernamentales. “Hablo ahora en nombre de las 400.000 personas que han perdido la vida. Gran parte de quienes nos dejaron fue por una pandemia, pero hubo muchos casos que podrían haberse evitado. No podemos quedarnos callados. Las futuras generaciones no pueden entenderlo como una crisis sanitaria inevitable”, defiende, por teléfono, desde Manaos.
“Mi madre fue sometida casi a una eutanasia”
Paola Falcetta alimenta el mismo sentimiento. “Mi madre fue sometida casi a una eutanasia. Solo le estaban administrando morfina al final”, dice. Cuenta que Italira, su madre, le hablaba, llorando, sobre el miedo de morir durante las videollamadas en el hospital de Porto Alegre. Delgada y abatida ―perdió 18 kilos durante la hospitalización― pedía que le llevaran a casa. “Mi madre murió porque cogió el virus en el hospital”, asegura. En aquel momento, Río Grande do Sul empezaba a enfrentar el colapso del sistema sanitario. “Obvio que eso no es algo de los hospitales. Es un problema de gestión pública a varios niveles. Fue una inoperancia, una mala administración horrible en todo el país”, argumenta. Este jueves, eurodiputados recomendaron que las autoridades que hicieron campañas de desinformación sean procesadas judicialmente, sin citar directamente a Brasil. Hace unos meses, un grupo de juristas en el país defiende que hay elementos suficientes para investigar a Bolsonaro, así como a otras autoridades del Gobierno, por crímenes contra la humanidad durante la pandemia, tanto en la Corte Penal Internacional como en la Justicia brasileña. El Centro de Investigaciones y Estudios de Derecho Sanitario de la Universidad de São Paulo y Conectas Direitos Humanos también publicaron un estudio que señala que Bolsonaro ejecutó una “estrategia institucional de propagación del coronavirus”.
Falcetta utilizó la tristeza provocada por la pérdida de su madre para intentar hacer algo. Se puso a buscar amigos que trabajaran en el área de los derechos humanos y encontró en el abogado Gustavo Bernardes, que ya había luchado durante la campaña contra el VIH, un socio para poner en pie la asociación de las víctimas. Desde entonces, ambos reciben mensajes de otras víctimas de la pandemia en varios Estados. Ya son cerca de 100 miembros y voluntarios en la Avico. Algunos simplemente desean compartir el dolor, mientras otros piden apoyo para luchar judicialmente por sus derechos ―bien porque perdieron sus empleos tras curarse o porque perdieron parientes que eran las principales fuentes de ingreso y que ahora corren incluso riesgo de ser desahuciados al no poder pagar las hipotecas―. “Es imposible quedarse callado viendo lo que está pasando. He transmutado mi tristeza en fuerza para luchar”, dice Falcetta. “La gente está aterrorizada con la inercia del Estado. Acuden a nosotros destrozados, pero queriendo ayudar.”
“Los que tomaron actitudes equivocadas tienen que ser responsabilizados”
Gustavo Bernardes cuenta que el primer grupo creado fue para apoyar a las familias que estaban en fase de luto, con voluntarios de salud mental. Saben que el trabajo de exigencia política que están empezando ahora ―la Avico espera estar registrada oficialmente la semana que viene― será largo. De momento, negocian en el Congreso una audiencia pública para que se escuche a las víctimas. “No podemos seguir siendo actores secundarios en esta historia”, dice Bernardes, que en noviembre del año pasado pasó un mes hospitalizado por la covid-19, diez dias intubado en la UCI. Cuenta que llegó a perder la esperanza y hasta se despidió de su familia antes de que el tubo que le ayudó a respirar se deslizara por su garganta. “Pude ver desde dentro lo que estaba pasando. Familias enteras siendo hospitalizadas sin que quedara nadie para llevarles un cepillo de dientes. Fue un shock”, cuenta. Después del alta, Gustavo sentía secuelas de la enfermedad que los médicos no identificaban. Con un cansancio extremo, lapsus de memoria y dolores en el cuerpo, apenas podía trabajar. “Eso me hizo ver cómo están sufriendo las personas que enfermaron y tienen que trabajar, y cómo el Estado no está preparado para acogerlas. Se lo exigiremos a las autoridades en la Justicia”, dice.
La Avico también pretende procesar a los gestores públicos, incluido Bolsonaro. Argumenta que la tardanza del Gobierno en negociar las vacunas provocó la muerte de muchos brasileños. “También queremos responsabilizar a quienes están defendiendo tratamientos ineficaces. Nos han llegado denuncias de personas que recibieron visitas en casa para fomentar el kit covid. Les estamos recomendando que soliciten por escrito las recetas para tomar medidas judiciales”, añade Gustavo. Paola argumenta que se podrían haber hecho bastantes cosas durante el último año para minimizar la tragedia, pero lamenta que incluso los organismos de control han tardado en pedir explicaciones a los gestores. “¿Vamos a seguir dejando que la gente se muera sin hacer nada? Pasado un año, el Ministerio Público ha interpuesto una demanda para obligar al Ministerio de Salud a crear una campaña informativa. ¿Por qué ahora y no antes?”, se pregunta. “Los que han perdido parientes usando el kit covid tienen que ser indemnizados”, afirma. “Los que tomaron actitudes equivocadas tienen que ser responsabilizados para que esa historia no siga repitiéndose. Los gestores no pueden pensar que pueden hacer lo que quieran”, concluye Bernardes.
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