Más de un centenar de liberaciones recientes en Venezuela ha vuelto a encender la discusión sobre la situación de los presos políticos, las condiciones reales bajo las que recuperan la libertad y el verdadero alcance de estas acciones. Mientras el Gobierno exhibe estos movimientos como señales de apertura, organizaciones civiles, familiares y la comunidad internacional los examinan con prudencia.
Las liberaciones en Venezuela y las interrogantes que todavía permanecen
En los días recientes, el Gobierno venezolano ha comunicado la liberación de más de un centenar de personas que seguían bajo privación de libertad, aunque este anuncio ha venido acompañado por un notable silencio institucional: no se han presentado listados oficiales con los nombres de quienes recuperaron la libertad ni se ha especificado en cuáles centros de reclusión permanecían detenidos. La información conocida hasta el momento ha sido reconstruida mayormente por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que han monitoreado de cerca cada situación.
A esta falta de transparencia se suma otro elemento central: la ausencia de detalles sobre la situación jurídica en la que quedan quienes recuperaron la libertad. No se ha aclarado si se trata de absoluciones, sobreseimientos o medidas provisionales, lo que deja a las personas excarceladas en un escenario de incertidumbre legal. Esta ambigüedad ayuda a explicar por qué la mayoría ha optado por no ofrecer declaraciones públicas sobre sus experiencias, especialmente dentro del país, donde persisten temores asociados al aparato de seguridad estatal.
Excarcelaciones sujetas a condiciones y causas judiciales en curso
Diversas organizaciones civiles han advertido que las recientes excarcelaciones no implican necesariamente el cierre de los procesos judiciales. Según defensores de derechos humanos, se trataría de liberaciones bajo condiciones específicas, lo que mantiene latente el riesgo de una nueva detención. En varios casos, incluso se ha solicitado que los nombres de las personas liberadas no sean difundidos públicamente, como una medida de protección adicional.
Desde estas organizaciones se remarca que la condición de “preso político” no desaparece de forma automática al abandonar la cárcel, especialmente cuando los procesos judiciales continúan abiertos. La figura de las medidas cautelares que sustituyen la privación de libertad ha sido descrita como un recurso habitual que posibilita al Estado conservar cierto control sobre quienes han sido excarcelados sin requerir su permanencia entre rejas.
Un ejemplo que ilustra esta situación es el de la activista venezolana-española Rocío San Miguel. Sus familiares han explicado que su excarcelación no representa una libertad plena, sino una medida judicial alternativa dentro de un proceso que continúa en curso. Entre las restricciones impuestas se incluye la prohibición de realizar declaraciones públicas, lo que limita su capacidad de denunciar o explicar su situación.
Limitaciones, mecanismos de control y silenciamientos impuestos
El Ministerio del Servicio Penitenciario indicó que quienes fueron liberados estarían relacionados con acciones consideradas amenazas para el orden constitucional y la estabilidad del país, aunque hasta ahora no se han detallado oficialmente las condiciones específicas asociadas a estas excarcelaciones. Las consultas elevadas por medios internacionales a las autoridades venezolanas continúan sin obtener respuesta.
Testimonios de familiares de excarcelados a finales de diciembre revelan un patrón de restricciones que se repite. Entre las medidas cautelares más comunes se encuentran la prohibición de salir del país, la imposibilidad de conceder entrevistas o emitir opiniones en redes sociales, así como la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales. En algunos casos, también se ha impuesto la prohibición de comunicarse entre sí, una disposición que limita la organización colectiva y el intercambio de información entre antiguos detenidos.
Organizaciones como Foro Penal han logrado confirmar un número de excarcelaciones significativamente menor al anunciado por el Gobierno. Hasta una de las últimas actualizaciones, se habían verificado poco más de cincuenta casos, una cifra que representa menos de la mitad de lo informado oficialmente y una fracción reducida del total de presos políticos que estas organizaciones contabilizan en el país.
Perspectivas externas: los relatos que ya han salido a la luz
Aunque dentro de Venezuela predomina el silencio, algunos excarcelados de nacionalidad extranjera que lograron salir del país han compartido sus experiencias una vez en el exterior. Estos relatos han aportado detalles sobre las condiciones de reclusión y el impacto psicológico de la detención prolongada.
Uno de los testimonios más difundidos es el del empresario italiano Mario Burlò, quien fue detenido a finales de 2024 y regresó recientemente a Italia. Burlò relató que durante su detención temió por su vida y que su caso fue percibido por su familia como una desaparición prolongada. Según sus declaraciones, fue acusado de delitos graves como terrorismo y conspiración, cargos de los que posteriormente fue absuelto.
En cuanto a las condiciones de reclusión, relató que estuvo sometido a un encierro estricto, con acceso muy restringido al patio y una higiene sumamente deficiente; si bien afirmó no haber padecido agresiones físicas directas, subrayó que el prolongado aislamiento y la falta de contacto con su familia durante casi un año le generaron un desgaste psicológico que describió como profundamente devastador.
Otro caso es el de Alberto Trentini, trabajador humanitario detenido en noviembre de 2024. A su llegada a Italia, expresó alivio por recuperar la libertad, pero también subrayó que el costo emocional de más de un año de detención es difícil de superar. En un mensaje transmitido por su defensa legal, Trentini habló de la necesidad de tiempo y tranquilidad para procesar el sufrimiento vivido, al tiempo que recordó a quienes aún permanecen detenidos en Venezuela.
Un panorama dominado por la incertidumbre
Las recientes liberaciones, en lugar de dar por concluida una etapa, han generado más dudas sobre el estado de los derechos humanos y del Estado de derecho en Venezuela, y la ausencia de datos oficiales precisos, junto con las limitaciones aplicadas a quienes recuperaron la libertad, alimenta la idea de que son acciones provisionales y sujetas a marcha atrás antes que soluciones concluyentes.
Mientras tanto, las organizaciones civiles continúan documentando casos, verificando información y acompañando a las familias de los detenidos. La comunidad internacional observa con atención un proceso que combina gestos de apertura con prácticas que mantienen un alto grado de control y opacidad.
En este escenario, los testimonios que logran filtrarse desde fuera se transforman en elementos esenciales para entender lo que sucede dentro de los centros de detención venezolanos. Son narraciones que, además de relatar vivencias personales, exponen un panorama más amplio marcado por la duda, el miedo y la esperanza contenida, tanto para quienes han recuperado su libertad como para quienes aún la aguardan.