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Imagínense despertar cada mañana, abrir la ventana y encontrarse como fondo con un enorme cerro triangular, como si hubiera sido dibujado para darle mayor misterio a un paisaje enclavado en las rocas de la cordillera de los Andes. En un tiempo, ese cerro era un cono perfecto, pero comenzó a ser explotado por los españoles en 1545 y, desde entonces, su forma ha variado. Sin embargo, los cambios dramáticos no son de los tiempos en los que España había instalado sus reales en estas tierras, no… El cerro ha modificado su forma en los últimos años.
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Se trata del Cerro Rico de Potosí, el yacimiento de plata más grande del mundo y de la historia, aquel que prodigó metal en tales cantidades que, cuando comenzó a llegar a Sevilla, los españoles no sabían dónde más guardarla, porque todos sus posibles almacenes se habían llenado.
Los potosinos sabemos que, gracias a esa plata, Felipe II pudo consolidar el imperio español y, en gratitud, le otorgó su escudo a la ciudad. Y sabemos, también, que el Cerro Rico es objeto de una explotación desmedida, incontrolada e ilegal que, en pocos años, ha provocado hundimientos y modificado su estructura morfológica.
Patrimonio mundial
El 11 de diciembre de 1987, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco inscribió a Potosí en la lista del patrimonio de la humanidad que merece ser protegido y, en su caso, restaurado, por ser el testimonio físico de un pasado y aporte extraordinarios para el planeta.
El Cerro Rico de Potosí, cuya plata forjó imperios, fue una de las razones para la inscripción. Desde entonces, el Estado boliviano debería de haber desarrollado planes, programas y proyectos destinados a su conservación y a la del complejo sistema industrial que los españoles construyeron en Potosí en el siglo XVI.
Sin embargo, lo único que hizo Bolivia, como Estado, fue aprobar un reglamento que prohíbe las operaciones mineras en la cúspide del cerro. La norma no se aplica y, por el contrario, era vulnerada con la directa complicidad del Gobierno a través de la entidad que debería controlar la explotación de minerales, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
La explotación desmedida y los hundimientos llamaron la atención de la Unesco, cuyo Comité del Patrimonio Mundial, reunido en Doha en junio de 2014, decidió incluir a Potosí en la lista del patrimonio en riesgo.
Complicidad estatal
Los potosinos sabemos que existe una explotación desmedida del Cerro Rico porque esta se produce ante nuestros ojos, ahí en la montaña, que puede ser vista desde cualquier parte de la ciudad. Lo que no sabíamos es cómo se legalizaban esas labores ilegales. Averiguarlo demandó una investigación paciente porque lo primero que se encontró es hermetismo.
Conseguir información no era fácil y representaba provocar a la Corporación Minera de Bolivia. Su reacción fue casi inmediata porque llegaron hasta a dinamitar la puerta del diario El Potosí
En Bolivia, las minas no son explotadas por el Estado desde 1985. El Gobierno las ha cedido en arrendamiento a unas organizaciones de mineros que, formalmente, se presentan como cooperativas que emplean a por lo menos 10.000 obreros. Esa, o más, es la cantidad de familias que dependen directamente de la explotación de minerales en el Cerro Rico. Si a eso sumamos la compra de servicios, entenderemos que los dirigentes de las denominadas cooperativas mineras son personas con un poder económico que se refleja en lo político. Llegaron al extremo de ser ellos quienes nombraron ministros de minería y a las autoridades de la Comibol.
Debido a ello, conseguir información no era fácil y representaba provocarlos. Su reacción fue casi inmediata porque llegaron hasta a dinamitar la puerta del diario El Potosí, que es el medio donde trabajo y el que ha publicado todas las notas referidas a los hundimientos.
Corrupción y crimen
Para explotar el Cerro Rico de Potosí es necesario obtener una autorización de la Comibol, que es extendida mediante un formulario que se llama tornaguía. En el procedimiento formal, la tornaguía se emite luego de que un operador minero ha solicitado permiso para realizar operaciones mineras en el yacimiento. La Comibol debería verificar que los trabajos no se realicen en la zona prohibida y recién extender la tornaguía, pero lo que ocurría hasta el año pasado es que el gerente regional de la corporación, Richard Arancibia, emitía esos formularios a su libre albedrío.
En la investigación que realicé sobre ese tema, confirmé además que Arancibia era empleado a sueldo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí. Tenía esa condición hasta que los dirigentes hicieron que se lo nombre gerente regional. Se había puesto al gato a cuidar la carne.
Mis publicaciones eran cada vez más incómodas, así que los dirigentes de las cooperativas pasaron de las amenazas a los hechos. Una madrugada que me dirigía a la radio Kollasuyo para emitir mi programa periodístico, fui atacado por dos desconocidos que me dieron una paliza a dos cuadras de la plaza principal, allí donde está la oficina central de la Policía.
Como las publicaciones no cesaron, hubo una nueva paliza, en septiembre del año pasado. En esa ocasión estaba subiendo hasta la cúspide del Cerro Rico con dirigentes del comité cívico y voluntarios en la defensa del cerro. A solo unos metros de la cumbre, nos emboscaron centenares de mineros. No nos dejaban pasar y, cuando comencé a filmar lo que pasaba, me atacaron a golpes. Calculo que fui golpeado por unas cuarenta personas y, si no me mataron, es porque había demasiados testigos. Arancibia, que nos acompañaba en la inspección, pareció coordinar el ataque cuando habló con los mineros.
Patrimonio en riesgo
En un dibujo publicado en Sevilla en marzo de 1553, en la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León, se puede ver al Cerro Rico como una punta de lanza que perfora el cielo. A sus pies está la ciudad que fue el monedero del mundo en el siglo XVI, la que forjó el imperio español.
Imagínense despertarse una mañana, abrir la ventana y encontrarse que ya no está, que se ha hundido, que se ha venido abajo. Desmoronado.
Tras haber sido atacado por la gente azuzada por los dirigentes de las cooperativas mineras de Potosí, me acogí a la organización Reporteros Sin Fronteras, que me trajo por tres meses a Madrid, para alejarme del lugar de tensión.
Aquí encontré que la memoria histórica de España respecto a Potosí prácticamente se ha perdido. La mayoría de los españoles con los que hablé ya no sabe qué. Conocen, porque “los mayores la pronuncian”, que hay una frase que dice “vale un Potosí” para referirse a una riqueza extraordinaria.
Potosí no solo es la ciudad… Potosí es el Cerro Rico, porque ese es su nombre. Y está en riesgo de desaparecer. He venido a España a pedir ayuda para evitarlo.
Juan José Toro Montoya es escritor, periodista y abogado. Actualmente trabaja en el Diario El Potosí, de Bolivia.
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