(CNN Español) — El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó un acuerdo que exige reformas electorales al gobierno de Daniel Ortega antes de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 7 de noviembre. El documento aprobado este martes también exige que se autoricen las manifestaciones públicas y se libere a los opositores detenidos.
El organismo pide que se esas reformas se concreten a más tardar en mayo de 2021, tal como lo solicitó la Organización de Estados Americanos en una resolución de octubre de 2020.
Tanto la opositora Coalición Nacional como la Alianza Ciudadana han exigido reformas electorales para dar credibilidad al venidero proceso electoral y superar la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
Entre esas propuestas están la reestructuración completa del Consejo Supremo Electoral, la depuración del padrón electoral, el establecimiento de la no reelección presidencial y la observación nacional e internacional del proceso. También la divulgación detallada e inmediata de resultados.
La mayoría de la oposición no participó en las elecciones de 2016 después de un polémico fallo judicial que perjudicó al entonces candidato Luis Callejas, del Partido Liberal Independiente. Desde entonces denunciaron que los comicios que a la postre le dieron la victoria al candidato a la reelección Daniel Ortega eran una farsa.
La visión de la ONU sobre Nicaragua
La resolución de Naciones Unidas también pide a Nicaragua que adopte un plan con plazos definidos para aplicar recomendaciones formuladas por mecanismos internacionales y regionales, incluyendo las sugerencias de la Alta Comisionada para los DD.HH., en consulta con la sociedad civil.
En un informe de febrero, la Oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de Naciones Unidas señaló que desde abril de 2018, cuando se presentaron fuertes protestas contra el gobierno de Ortega, su oficina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) documentaron múltiples formas de represión y violencia, que dejaron más de 300 muertos, 2.000 heridos, 1.614 personas arbitrariamente privadas de su libertad y más de 100.000 asilados en varios países.
En el informe de la alta comisionada se asegura que la aprobación de una ley que regula la actuación de agentes extranjeros, de la Ley de Ciberdelitos y las reformas al Código Penal “afectan la libertad de expresión, de reunión pacífica y de participación política en un año electoral”.
A través del secretario privado para política nacional, Paul Oquist, el gobierno de Nicaragua rechazó la resolución del Consejo de Derechos humanos. El gobierno considera que está escrito con base en informaciones sesgadas y datos proporcionados por organismos que participaron en lo que el gobierno llamó “intento de golpe de Estado”.
El presidente Daniel Ortega reapareció el 8 de marzo en cadena nacional de televisión, pero ignoró el tema de las reformas electorales. En ocasiones anteriores ha advertido que quienes piden sanciones contra su gobierno no merecen ser nicaragüenses y perdieron su derecho de aspirar a cargos públicos.