Pierluisi participa en diversas medidas legislativas

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi de Urrutia ha promulgado una serie de leyes destinadas a fortalecer varios aspectos de la llave de Puerto Rico. Una de las acciones significativas fue la transformación de los jóvenes de la Casa Proyecto 2155, encaminada a fortalecer las finanzas de la Corporación de Puerto Rico para su difusión pública. Esta nueva legislación revoca la exención anterior que beneficiaba a entidades como la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Hacienda, limitándolas a menos del 5 por ciento de sus requerimientos de publicidad televisiva a la Corporación Pública.

Además, el gobernador también rechazó el Proyecto de la Cámara 1663, que estableció la «Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor», con el objetivo de garantizar que los consumidores no sufran discriminación en el acceso a servicios esenciales como agua potable y electricidad.

Otra medida aprobada es el Proyecto de la Cámara 1606, que introduce cambios a la «Ley del Registro de Existencias de Materiales Metales», imponiendo la obligación de reportar electrónicamente a la Negociación Policial todas las transacciones relativas a materiales como carbón y aluminio, con el objetivo de luchar contra el mercado ilegal del metal.

Además, el gobernador firmó el Proyecto de la Cámara 2072, que instaló en el «Código Municipal de Puerto Rico» para seguir protegiendo la autonomía de los municipios y facilitar el desarrollo económico local. Esta legislación busca mejorar la capacidad de los municipios para gestionar su propia contratación y fomentar un entorno propicio para el crecimiento económico a nivel local.

Estas acciones legislativas reflejan el compromiso del Gobernador Pierluisi Urrutia y su administración con el apoyo institucional, la protección al consumidor, la transparencia en las transacciones comerciales y el desarrollo municipal sustentable. A través de estas leyes, se buscará mejorar la administración de los recursos públicos, asegurar la equidad en el acceso a los servicios básicos y promover un ambiente propicio para el progreso y la autonomía de los municipios de Puerto Rico.