Publicado por El proceso judicial por corrupción de la exsecretaria de Estado Rosario Robles está lejos de acabarse. Pese a que la titular de dos carteras durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto había ofrecido declararse culpable, este martes ha presentado un escrito retirando temporalmente la oferta. De esta forma, la acusada, quien lleva más de 18 meses en prisión, cierra la posibilidad de devolver los 5.000 millones de pesos que le exigían las autoridades como forma de resarcir parte del daño causado por los millonarios desvíos de dinero público conocidos como la Estafa Maestra. Robles argumenta que está siendo víctima de obstaculización para acortar su proceso, ya que “existe la intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia”. Epigmenio Mendieta, uno de sus abogados, ha comunicado mediante un documento que la sospechosa está determinada a ir a juicio por su implicación en la trama de corrupción que implicó la defraudación de 7.760 millones de pesos (unos 420 millones de dólares).
Las negociaciones entre Robles y la Fiscalía se han tensado nuevamente este martes. Los letrados de la exsecretaria han retirado mediante un documento la oferta de declararse culpable. “[Rosario Robles] me ha expresado de manera muy precisa el suspender y por consiguiente el dejar sin efectos, la solicitud realizada a esta misma autoridad el pasado 3 de marzo”, reza el escrito. La exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu) y extitular de Desarrollo Social lleva en prisión preventiva desde agosto de 2019. En un intento por acortar su proceso ofreció declararse culpable a cambio de una reducción de su pena —que puede llegar hasta siete años—. El acuerdo fue rechazado por la Fiscalía General de la República (FGR). Robles dio su brazo a torcer y aceptó declararse culpable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y omisión a cambio de recibir seis años de prisión. Con esto se libraría de pagar la reparación por el daño a las arcas públicas de más de 5.000 millones de pesos (unos 250 millones de dólares).
Pese a que el Ministerio Público tenía hasta el 26 de marzo barajar si aceptaba este acuerdo o no, Robles ha decidido retirar la carta de la mesa. Los abogados han justificado esta decisión como una respuesta a “la forma sistemática en que autoridades diversas han obstaculizado cualquier posibilidad para alcanzar una terminación anticipada del proceso”. El documento asegura que la propia Robles ha expresado que la actitud “injustificada” de las autoridades ministeriales la han convertido en víctima de un proceso con “intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia”. Con todo, la acusada argumenta que se le niega la posibilidad de lograr una negociación y que su proceso judicial está basado en rencillas personales o por su condición de mujer. “De lo que se trata es buscar la verdad y la justicia y no un proceso fundado en ánimos venganza y violencia política”, sentencia el documento.
Rosario Robles ha insistido durante todo el proceso que ella no ha recibido el mismo trato que otros implicados en la red que han sido cuestionados por la Fiscalía. Cuando Emilio Zebadúa, que ocupó el cargo de oficial mayor bajo la dirección de Robles, decidió traicionarla y colaborar con la Fiscalía la señaló como una de las orquestadoras del entramado. Zebadúa, que detalló meticulosamente como funcionaba la red en las carteras de Robles, cuenta con protección judicial de forma indefinida y no puede ser detenido pese a haber sido colaborador directo de la exsecretaria en el desvío de dinero para pagar campañas electorales.
La exsecretaria es una de las más de 50 funcionarias involucradas en la Estafa Maestra, un caso de corrupción en el que se desviaron 7.760 millones de pesos (unos 420 millones de dólares) a empresas fantasma desde 11 dependencias del Gobierno mexicano a ocho universidades públicas. Sin embargo, Robles es el único peso pesado de Peña Nieto que está detenido y en proceso judicial. El ministerio público asegura que la exfuncionaria permitió que sus subordinados realizaran mientras estuvo al frente de las Secretarías de Desarrollo Social, entre 2012 y 2015, y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre 2015 y 2018.
Con las negociaciones para acortar su proceso finalizadas, la defensa de Robles ha expresado su determinación de ir a juicio para esclarecer el funcionamiento y su implicación en la red de corrupción. De ser declarada culpable, Robles tendrá que enfrentarse a una condena de hasta siete años además de pagar por el daño a las arcas públicas ocasionado.
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Un segundo proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada
Rosario Robles, además del proceso vigente de juicio por ejercicio indebido en el servicio público, tiene otro caso pendiente. La Fiscalía General de la República emitió una orden de aprensión por lavado de dinero y delincuencia organizada también por el caso de la Estafa Maestra. De esta forma, elevaron la presión sobre la detenida en las negociaciones en el proceso del desvío de fondos. Finalmente, Robles aceptó ayudar a la Fiscalía, pero la orden no se desestimó y sigue vigente. En la reunión de la próxima semana con la Subprocuraduría Especilizada en Investigación de Delincuencia Organizada, la defensa de Robles buscará llegar a un acuerdo para detener la acusación por delincuencia organizada a cambio de aportar información relevante que le sirva a la FGR en otras investigaciones en curso.